Cancún, Quintana Roo.- La Cámara de Diputados se alista para aprobar una prohibición total de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, una medida que contempla sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos para quienes fabriquen, distribuyan, comercialicen o incluso porten estos dispositivos. El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sostiene que estos aparatos representan un “riesgo sanitario” por la mezcla de químicos y metales pesados que contienen, además de su creciente presencia en el mercado negro.

De acuerdo con la Comisión de Salud, aunque en 2022 ya se había vetado la importación y venta de vapeadores, el contrabando se disparó y proliferó su comercialización clandestina, especialmente entre adolescentes. Las autoridades federales argumentan que la prohibición absoluta es necesaria para frenar un problema que ha crecido pese a los controles previos, señalando campañas engañosas que promueven el vapeo como método para dejar el tabaco convencional.

En Quintana Roo, las autoridades de salud han seguido de cerca el avance de la discusión, luego de que en los últimos meses aumentaran los aseguramientos de vapeadores en operativos realizados en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Dependencias locales reconocen que la venta clandestina se mantiene activa en zonas comerciales, mercados y plataformas digitales, sobre todo en espacios frecuentados por jóvenes y turistas, un fenómeno que coincide con el diagnóstico nacional.

El dictamen que se discute este martes también incorpora medidas adicionales, como el fortalecimiento de las facultades de la Secretaría de Salud para compras consolidadas de medicamentos y la regulación de sustancias peligrosas y precursores químicos asociados al fentanilo. Con la mayoría parlamentaria con la que cuenta el oficialismo, la propuesta podría avanzar sin mayores obstáculos hacia el pleno y posteriormente al Senado, donde continuará el debate sobre el futuro del vapeo en el país.

Víctor Salazar