Tulum, Quintana Roo.— Un estilista de Tulum acudió ante la Fiscalía General del Estado para denunciar presuntos cobros irregulares que, aseguró, realizó de manera mensual durante aproximadamente un año a personas que se habrían presentado como vinculadas con el área de Fiscalización municipal. El denunciante, identificado como Carlos Hernández, señaló que entregaba 2 mil 500 pesos mensuales y decidió recurrir a las autoridades para que se investigue el caso.

De acuerdo con Hernández, al buscar información sobre las personas que presuntamente realizaban los cobros, personal relacionado con la Dirección de Fiscalización le habría informado que algunos de los señalados fueron dados de baja hace aproximadamente cinco meses. Sin embargo, afirmó que los acercamientos continuaron y sostuvo que al menos una de las personas involucradas todavía laboraría para el Ayuntamiento, situación que pidió sea aclarada por las autoridades competentes.

«“Consecutivamente estuvimos pagando 2 mil 500 pesos cada mes. Eso soy yo; ahora imagínate la mayor parte de la gente a la que les han estado cobrando”, declaró Carlos Hernández, quien exhortó a otros comerciantes que pudieran encontrarse en una situación similar a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía.»

El estilista agregó que en uno de los últimos pagos solicitó un comprobante o recibo por el dinero entregado, pero aseguró que la persona que recibió el recurso se negó a proporcionárselo. También denunció que durante estos hechos uno de los presuntos involucrados habría intimidado y amenazado a una de sus familiares, por lo que consideró necesario dejar constancia formal de lo ocurrido y que las autoridades determinen posibles responsabilidades.

Hernández informó que buscaría reunirse con Sergio Canto, titular del área de Fiscalización, para conocer qué seguimiento dará el Ayuntamiento a sus señalamientos y aclarar la situación laboral de las personas mencionadas. Hasta el momento, los hechos corresponden a la versión del denunciante y será la investigación de la Fiscalía, así como la postura que emita la autoridad municipal, la que permita establecer si existieron cobros indebidos, quiénes habrían participado y bajo qué carácter actuaron.