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martes, 15 de enero de 2019 10:20
Noticias Canal 10.- El Congreso de la Unión meterá esta semana el acelerador para aprobar, en un periodo extraordinario, reformas al artículo 19 constitucional que ordenan “prisión preventiva” y sin derecho a fianza a quienes cometan el delito de robo de gasolinas.
Además, de acuerdo con las reformas aprobadas ya desde abril del año pasado a los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, se puede castigar de 20 a 30 años de prisión a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
La Cámara de Diputados completará y concluirá, a partir de este miércoles, el proceso legislativo para aprobar y enviar al Ejecutivo las reformas para castigar el robo de combustibles como delito grave, aprobadas ya por los senadores, quienes consideraron que “este tipo de infracciones son un peligro grave para la nación, por lo que dejar en libertad a las personas que las cometan pone en peligro el desarrollo de la investigación y la protección de la comunidad”.
Se aclara que “ésta no es una medida punitiva, sino cautelar, la cual no se establece de manera arbitraria ni inmediata a la detención”.
El Senado alertó: “los datos proporcionados por Pemex en materia de presuntos responsables de robo de hidrocarburos apuntan que de mil 600 personas detenidas en flagrancia, sólo entre el 1 y 2 por ciento han concluido el proceso penal”.
El presidente López Obrador sostuvo en diciembre que el robo de combustibles deja pérdidas de 50 a 70 mil millones de pesos.
Los estados más afectados son Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Jalisco, en los que Pemex tiene la mayor extensión de ductos.
También se señala que los ductos con mayor incidencia de tomas clandestinas son Minatitlán-México, Salamanca-Guadalajara, Topolobampo-Culiacán y Salamanca-Aguascalientes-Zacatecas.
La Ley de Hidrocarburos prevé la revocación de la licencia de una franquicia por realizar actividades reguladas en las que se compruebe que los productos han sido adquiridos de forma ilícita y que haya sido determinado por autoridades competentes.
La reforma al artículo 19 aclara que “el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado por un delito doloso”.
Fuente: El Financiero.
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