<p data-count="297" data-wrap="52" style="text-align: justify;"><strong>Noticias Canal 10.- </strong>Mil 410 jueces de Distrito y magistrados de Circuito del país –91 por ciento de la plantilla total–, en las 30 sedes del <strong>Poder Judicial de la Federación</strong> en todo el país, <strong>se manifestaron para defender su salario –en un hecho inédito–, que, aseguran, es un elemento de su autonomía e independencia.</strong></p> <p data-count="264" data-wrap="38" style="text-align: justify;">Al respecto, juristas y abogados constitucionalistas coincidieron en que, con la suspensión de la nueva Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos y la inoperancia del 127 constitucional, la legislación para reducir salarios en el gobierno federal <em><strong>“está muerta”.</strong></em></p> <p data-count="297" data-wrap="49" style="text-align: justify;">El presidente de la Barra Mexicana de Abogados, <strong>José Mario de la Garza Marroquín</strong>, explicó a <em>El Financiero</em> que ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH y por senadores,<em><strong> “no puede aplicarse la Ley de Remuneraciones y tampoco lo que establece el artículo 127 de la Constitución”.</strong></em></p> <p data-count="240" data-wrap="44" style="text-align: justify;">Precisó que <em><strong>“la ley no se puede hacer valer hasta que la Corte resuelva y determine si existen o no violaciones a los derechos humanos, y el 127, para ejercerlo, necesita de una ley reglamentaria para que te indique cómo se va a ejecutar”.</strong></em></p> <p data-count="378" data-wrap="65" style="text-align: justify;">Señaló que <em><strong>“si bien no es nuevo el contenido del 127 de la Constitución, no se ha ejercido porque carece de una ley reglamentaria; de no tenerla es muy difícil hacerlo. Es muy complejo. En principio creo que es imposible que se pueda aplicar este artículo. Es muy aventurado decir que van a bajar los salarios. Sin una ley reglamentaria, esta legislación está muerta”</strong></em>, remarcó.</p> <p data-count="269" data-wrap="46" style="text-align: justify;">Sostuvo que <em><strong>“no hay rechazo a que bajen salarios y prestaciones de privilegio, sino a la forma en que se está haciendo y que genere un conflicto entre Poderes, con descalificaciones y demagogia. Es grave y delicado decir que un alto salario es sinónimo de corrupción”.</strong></em></p> <p data-count="401" data-wrap="61" style="text-align: justify;">El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, <strong>Pedro Salazar</strong>, indicó, en entrevista con este diario, que<em><strong> “en principio la Ley de Remuneraciones se aprobó con algunas irregularidades en el Congreso, y hay mucha premura en las interpretaciones, que los propios legisladores pueden corregir y precisar en los términos de la ley para blindar su constitucionalidad y hacerla operante”.</strong></em></p> <p data-count="379" data-wrap="57" style="text-align: justify;">En segundo lugar, <em><strong>“la aplicación del 127 de la Constitución es complejo, debido a que sus alcances son también toda una discusión, porque, en principio, la directriz que emana del Poder Ejecutivo debería alcanzar exclusivamente a la administración pública federal, a las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo, en el sentido centralizado y en el descentralizado”</strong></em>, explicó.</p> <p data-count="284" data-wrap="50" style="text-align: justify;">Además –detalló– <em><strong>“también debe quedar claro que la ley establece que no se les puede reducir los salarios a ninguno de los empleados que ya están en funciones. El tope aplicaría para los que se contraten a partir del nuevo gobierno. Pero hay que esperar el resultado de los amparos”.</strong></em></p> <p data-count="267" data-wrap="40" style="text-align: justify;">Además, <em><strong>“la ley no contemplaría órganos constitucionales autónomos, porque tienen un estatuto especial, y en algunos incluye la autonomía financiera, que significa el manejo de los recursos con los que cuentan y no forman parte de la administración pública federal”</strong></em>.</p> <p data-count="321" data-wrap="48" style="text-align: justify;"><u>El también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo, alertó, en entrevista, que si se busca someter, avasallar, debilitar y doblar ante el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, perdería su función democrática y de contrapeso, lo cual llevaría al país a una crisis constitucional.</u></p> <p data-count="321" data-wrap="48" style="text-align: justify;"><u>Fuente: El Financiero.</u></p>
