Comentario Editorial

Sin recovecos

¿Sueño guajiro o imprudencia legislativa?

Por Rafael R. Vega Valladares

En la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura del Congreso del Estado sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para modificar la Ley de Transporte, en materia de transporte alternativo, propuesto por Movimiento Ciudadano, con el objetivo de legalizar el servicio de calesas, mototaxis, tricitaxis y motocarros.

La iniciativa establece, según el boletín del Congreso, que estos medios de transporte, al igual que los ya definidos por la ley, deberán contar con las especificaciones técnicas y de seguridad, así como el número de pasajeros al que prestará el servicio de su origen al destino contratado por el usuario, con un sitio de establecimiento, horarios, zonas y vialidades, autorizados por la autoridad correspondiente.

El tema no es nuevo, por lo menos en el caso de los tricitaxis y mototaxis, que funcionan desde hace muchos años en la mayoría de los municipios de Yucatán y la única regulación que se ha podido establecer, de acuerdo al criterio de cada alcalde, es en cuanto al número de placas que se otorgan y algunos aspectos de seguridad como los límites de velocidad, que muchas veces no son respetados.

Por motivos político-electorales o por cubrir una necesidad real, algunas administraciones en el pasado han intentado apoyar ese servicio que se enfrenta con el gran reto de cómo garantizar la seguridad de los pasajeros que usen esos medios de transporte.

¿Obligarán a los pasajeros a usar cascos como los motociclistas?, ¿Adaptarán cinturones de seguridad en los tricitaxis cuando ni el mismo chofer tiene como sujetarse a su montura? De verdad que me parece una soberana perogrullada.

Llama la atención que en la iniciativa se diga que esos vehículos deberán contar con las especificaciones técnicas y de seguridad y me pregunto cómo harán los poco más de 2,500 tricitaxis que operan en Kanasín para adecuar sus unidades, si tendrán los recursos en esta época de crisis para comprar otro tipo de vehículo.

¿Qué dependencia será la que se eche al hombro la responsabilidad de determinar qué tipo de vehículo es el más seguro? ¿El Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial o la Secretaría de Seguridad Pública?

Otra pregunta es si los diputados que promueven tan flamante iniciativa ya han platicado con las aseguradoras y si éstas están dispuestas a expedir sus pólizas en caso de accidente de estos vulnerables vehículos.

Interesante será saber si las aseguradoras cubrirán los gastos generados en un accidente cuando estos vehículos se volteen por pasar un bache, un cacharro, atropellar un perro o simplemente por la fuerza del viento al doblar como ha ocurrido en el pasado.

Por cierto, el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de Yucatán (Coepray) considera a estos vehículos de los más peligrosos y cuenta con estadísticas de los accidentes en los que se ven involucrados con un importante saldo de lesionados.

De buenas intenciones está tapizado el camino al infierno dice antiguo refrán y si bien parecen legítimos los deseos de los diputados ojalá estén previniendo todas las implicaciones antes de autorizar algo que podría ser una imprudencia legislativa que se convierta luego en letra muerta. Quizás mejor dejar para otras épocas y en otras condiciones el sueño guajiro de regular las moto y tricitaxis, que representa en muchos municipios la fuente de ingresos de miles de familias.