<p style="text-align: justify;"><strong>Cancún, Q. Roo.- L</strong>uego de que el pasado 2 de septiembre de 2020, fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Salud y Asistencia Social, la Iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal de Quintana Roo, con relación a la interrupción legal de embarazo, organizaciones, activistas y mujeres unidas de la entidad, exhortan enérgicamente al pleno de XVI Legislatura del Estado, a que cualquier dictamen al respecto, tenga como base fundamentaciones legales y técnicas, basadas en las evidencias científicas y con estricto apego al marco normativo nacional e internacional en la materia.</p> <p style="text-align: justify;">Durante la presentación de las actividades que las colectivas y organizaciones feministas de Quintana Roo realizarán el próximo 28 de Septiembre, en el marco del Día Internacional de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la representante de la organización civil Gobernanza, Silvia Chuc Basurto, afirmó que en la entidad, las mujeres cada vez están siendo más criminalizadas por abortar, violentando su derecho a la salud, a la intimidad y a decidir sobre su propio cuerpo; por lo que el tema debe ser analizado y legislado con un enfoque de respeto a los derechos humanos y a la perspectiva de género.</p> <p style="text-align: justify;">Destacó que de 2007 a 2018, Quintana Roo ha sido el estado de la península que registra más mujeres que han viajado a la Ciudad de México, para acceder a un aborto seguro. Algunos de estos casos, dijo, son derivados de una violación, pero encuentran poco apoyo institucional, a pesar de que existe la causal violación en el estado. </p> <p style="text-align: justify;">Citó que la Dirección General de Información en Salud (DGIS) documenta que las mujeres más criminalizadas son las jóvenes menores de 20 años, que incluso enfrentan problemas de violencia sexual o familiar, para los que no han recibido atención y que además sufren violencia obstétrica por parte de los prestadores de servicios de salud, quienes las maltratan durante el proceso y muchas veces las denuncian; además de que no les facilitan el acceso a anticonceptivos posteriormente.</p>