Interrupción legal del embarazo

Salud / Cancún

<p style="text-align: justify;"><strong>Canc&uacute;n, Q. Roo.- L</strong>uego de que el pasado 2 de septiembre de 2020, fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Salud y Asistencia Social, la Iniciativa de decreto por el que se reforma el C&oacute;digo Penal de Quintana Roo, con relaci&oacute;n a la interrupci&oacute;n legal de embarazo, organizaciones, activistas y mujeres unidas de la entidad, exhortan en&eacute;rgicamente al pleno de XVI Legislatura del Estado, a que cualquier dictamen al respecto, tenga como base fundamentaciones legales y t&eacute;cnicas, basadas en las evidencias cient&iacute;ficas y con estricto apego al marco normativo nacional e internacional en la materia.</p> <p style="text-align: justify;">Durante la presentaci&oacute;n de las actividades que las colectivas y organizaciones feministas de Quintana Roo realizar&aacute;n el pr&oacute;ximo 28 de Septiembre, en el marco del D&iacute;a Internacional de la Despenalizaci&oacute;n del Aborto en Am&eacute;rica Latina y el Caribe, la representante de la organizaci&oacute;n civil Gobernanza, Silvia Chuc Basurto, afirm&oacute; que en la entidad, las mujeres cada vez est&aacute;n siendo m&aacute;s criminalizadas por abortar, violentando su derecho a la salud, a la intimidad y a decidir sobre su propio cuerpo; por lo que el tema debe ser analizado y legislado con un enfoque de respeto a los derechos humanos y a la perspectiva de g&eacute;nero.</p> <p style="text-align: justify;">Destac&oacute; que de 2007 a 2018, Quintana Roo ha sido el estado de la pen&iacute;nsula que registra m&aacute;s mujeres que han viajado a la Ciudad de M&eacute;xico, para acceder a un aborto seguro. Algunos de estos casos, dijo, son derivados de una violaci&oacute;n, pero encuentran poco apoyo institucional, a pesar de que existe la causal violaci&oacute;n en el estado.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Cit&oacute; que la Direcci&oacute;n General de Informaci&oacute;n en Salud (DGIS) documenta que las mujeres m&aacute;s criminalizadas son las j&oacute;venes menores de 20 a&ntilde;os, que incluso enfrentan problemas de violencia sexual o familiar, para los que no han recibido atenci&oacute;n y que adem&aacute;s sufren violencia obst&eacute;trica por parte de los prestadores de servicios de salud, quienes las maltratan durante el proceso y muchas veces las denuncian; adem&aacute;s de que no les facilitan el acceso a anticonceptivos posteriormente.</p>