Cancún, Quintana Roo.- La reforma electoral conocida como “Plan B” avanza en su proceso de aprobación tanto a nivel federal como en los estados, con el objetivo de optimizar el uso de recursos públicos y redirigirlos a necesidades prioritarias.

La iniciativa, aprobada por el Congreso de la Unión, se encuentra en fase de validación en los congresos estatales como parte del procedimiento constitucional. Entre sus principales alcances destaca la generación de ahorros mediante ajustes en estructuras legislativas y administrativas.

A nivel nacional, se estima una reducción de gasto cercana a los 4 mil millones de pesos, mientras que en Quintana Roo el ahorro proyectado oscila entre 50 y 150 millones de pesos. Estos recursos serían destinados a obras y servicios municipales, como pavimentación, alumbrado público, drenaje y alcantarillado.

La reforma también contempla cambios en la integración de órganos legislativos, como la eliminación de senadores plurinominales y la regulación del número de regidores en los ayuntamientos, ajustes que se aplicarían en futuras administraciones.

Aunque la propuesta ha generado posturas diversas, se plantea como una medida orientada a fortalecer la eficiencia del gasto público y reducir estructuras administrativas.