Cancún, Q. Roo.- El 17 de diciembre de 2022, representantes del Ejido de XMaben y Anexos, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, firmaron un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para permitir la extracción de materiales pétreos de la región destinados a las obras del Tren Maya. A un año y ocho meses de esto, los ejidatarios acusan incumplimiento del contrato y exigen el pago de 100 millones de pesos.

Los ejidatarios, que forman parte de la comunidad indígena maya peninsular, aseguran que el contrato estipulaba un pago de 30 millones de pesos, con una tarifa de 15 pesos por metro cúbico de material extraído, sumando un total de 2 millones de metros cúbicos. Los pagos debían realizarse de la siguiente manera: 5 millones 280 mil pesos después del primer mes de extracción, repitiendo esta cantidad hasta el sexto mes, cuando el contrato finalizaría con un pago de 3 millones 600 mil pesos. Los ejidatarios mencionaron haber recibido solo dos pagos de 2 millones 710 mil pesos cada uno.

Para obtener el dinero, los ejidatarios enfrentaron múltiples obstáculos con la firma electrónica y trámites en diferentes estados y bancos. El 15 de julio pasado, líderes del ejido presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para investigar los actos de la Sedena y otras instituciones involucradas, argumentando que el estado mexicano está coordinando acciones para impedir el pago.

A pesar de que el contrato inicial establecía un plazo de seis meses, la Sedena continúa explotando la región. Los ejidatarios afirman que la Sedena falsificó el contrato para extender la explotación a dos años y destituyeron al anterior presidente del Comisariado Ejidal, Margarito Cituk, por no poder ofrecer rendición de cuentas.

En respuesta, Cituk y otros representantes ejidales presentaron una demanda, que fue resuelta a su favor declarando nula la asamblea del 19 de marzo de 2023. Sin embargo, los ejidatarios actuales denuncian represalias por parte de la FGJ de Quintana Roo, acusándolos de varios delitos y siendo perseguidos por las autoridades.

Los ejidatarios también señalan abusos y acciones indebidas por parte de oficiales de la Sedena y otras autoridades locales, afirmando que se han cedido derechos de explotación a terceros y se han utilizado explosivos peligrosos en la selva. Además, denuncian que Cituk ha realizado entregas de dinero en efectivo, presuntamente respaldado por altos mandos de la Sedena.

Finalmente, los ejidatarios denuncian haber recibido múltiples notificaciones de la Vicefiscalía para comparecer por acusaciones de desaparición de personas, considerándolo una táctica para intimidarlos y enviarlos a prisión sin pruebas claras.

Con información de Infobae