Cancún, Quintana Roo.- Un conflicto particular terminó afectando a toda la ciudad. Durante más de cuatro horas, un colectivo feminista, bloqueó la glorieta de El Ceviche y la avenida Tulum, una de las principales vías del centro de Cancún, provocando largas filas, tráfico y afectaciones a cientos de automovilistas, trabajadores y usuarios que intentaban desplazarse, principalmente hacia la Zona Hotelera.

El bloqueo vuelve a mostrar una situación que ya se ha presentado en otras ocasiones: conflictos particulares que terminan llevándose a las calles y utilizando el cierre de vialidades como forma de presión. Mientras los manifestantes buscan llamar la atención de las

autoridades, miles de personas quedan atrapadas en el tráfico sin tener relación con el problema que originó la protesta.

La ley también establece límites. El artículo 182 del Código Penal de Quintana Roo contempla castigos para quienes obstaculicen o afecten determinadas vías de comunicación. Además, el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece sanciones en casos específicos cuando se interrumpe el tránsito en vías que son responsabilidad federal. Es decir, protestar es un derecho, pero bloquear una calle durante horas también puede tener consecuencias cuando se cumplen las condiciones que marca la ley.

Cancún ya ha vivido otros bloqueos en El Ceviche y en puntos que conectan con la Zona Hotelera, afectando a trabajadores, turistas y habitantes. Más de cuatro horas con una de las principales avenidas cerradas no es un problema menor: es una ciudad entera pagando las consecuencias de un conflicto ajeno. Las autoridades deben garantizar que las personas puedan protestar, pero también que nadie pueda paralizar durante horas una vialidad de la que depende buena parte de la movilidad de Cancún.