Cancún, Quintana Roo.- La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, aclaró que las mesas de atención que se mantienen con representantes del sector transporte, incluidos sindicatos de mototaxis, no significan que el Gobierno del Estado esté brindando protección o respaldo a personas presuntamente relacionadas con delitos como extorsión o ejecuciones.

La funcionaria explicó que una cosa es atender a quienes participan en actividades vinculadas con la prestación de un servicio público y otra determinar responsabilidades cuando existen posibles vínculos con hechos delictivos.

En este sentido, señaló que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo no cuenta con facultades para determinar responsabilidades de carácter penal, por lo que, cuando existan elementos que lo ameriten, corresponde a la Fiscalía General del Estado realizar las investigaciones correspondientes.

Torres Gómez recordó que la legislación contempla mecanismos para suspender e incluso revocar concesiones cuando un prestador del servicio de transporte se encuentra involucrado en la comisión de algún delito.

Precisó que las medidas administrativas pueden ir desde una multa hasta la revocación de la concesión, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Subrayó que estas acciones administrativas no sustituyen las investigaciones ni las sanciones que, en su caso, correspondan a las autoridades encargadas de la procuración de justicia.