Cancún, Quintana Roo.- Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, advirtió que las recientes reformas aprobadas por el Congreso del Estado en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano representan una “simulación”, al mantener disposiciones que ya habían sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Recordó que en 2023 el municipio de Solidaridad, entonces bajo administración panista, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que derivó en una resolución de la Corte, la cual estableció que la facultad de otorgar permisos y autorizaciones en proyectos inmobiliarios corresponde únicamente a los municipios, conforme al artículo 115 constitucional.

El presidente del Observatorio Legislativo agregó que la medida incrementará los costos y la carga administrativa para los desarrolladores inmobiliarios, pues se fijan cobros en Unidades de Medida y Actualización (UMAS) que encarecerán los trámites. También advirtió que podría tener repercusiones ambientales y abrir la puerta a nuevas controversias constitucionales promovidas por la CNDH.

Finalmente, Galaviz Ibarra consideró que, ante los recientes cambios en el Poder Judicial, este tipo de impugnaciones podrían quedar rezagadas, lo que “pone en riesgo la autonomía municipal y genera mayor incertidumbre en el desarrollo urbano del estado”.

Joel Pool