Cancún, Quintana Roo.- Personal del Instituto Federal de Defensoría Pública realizó una manifestación pacífica tras la conclusión del nombramiento de trabajadoras sociales adscritas a la institución, al considerar que la medida afectará tanto a las familias de las servidoras públicas como a las personas en situación de vulnerabilidad que reciben asesoría y representación jurídica gratuita.

La asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, Carmina Gutiérrez Menes, explicó que las especialistas en trabajo social desempeñaban un papel fundamental en los procesos judiciales, al elaborar estudios socioeconómicos y dictámenes utilizados como medios de prueba para solicitar beneficios como la reducción de multas, exención de pagos y otras medidas que facilitan el acceso a la justicia para personas de escasos recursos.

Indicó que, a nivel nacional, la decisión impacta a más de 40 trabajadoras sociales y sus familias, mientras que en Quintana Roo únicamente una profesionista desempeñaba esta función.

Los manifestantes señalaron que la determinación fue comunicada de manera repentina y sin una explicación pública sobre las razones de la medida. Advirtieron que la eliminación de estas plazas podría generar retrasos en los procedimientos judiciales y dificultar que los usuarios acrediten su condición económica ante los jueces, lo que podría influir en la resolución de sus asuntos legales.

Finalmente, los trabajadores informaron que, por el momento, no contemplan realizar nuevas acciones de protesta; sin embargo, precisaron que cada persona afectada analizará las vías legales correspondientes para la defensa de sus derechos laborales.