<p class="ql-align-justify"><strong>José María Morelos, Q. Roo.- </strong>En los últimos años el fuero se ha convertido en un tema de amplio debate, ¿inmunidad?, ¿impunidad?, lo cierto es que, quienes ocupan algunos cargos dentro del servicio público, aun gozan de este blindaje legal, aunque, en ciertos casos pueden ser sujetos de acción penal</p><p class="ql-align-justify">En diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años, diez por lo menos, se han presentado varias iniciativas para eliminar el fuero, algunas incluso, aprobadas por alguna de las dos cámaras legislativas, sin embargo, no hubo mayor avance hasta la reforma del 2021.</p><p class="ql-align-justify">En dicha modificación constitucional, se permite acusar al Presidente de la República por delitos relacionados con traición a la patria o, corrupción, delitos electores, en otras palabras, es posible acusar al mandatario, pero, la investigación no la lleva un fiscal, ni se lleva el proceso ante un juez, sino, en la Cámara de diputados y la de senadores es la que determina la sanción en caso de ser encontrado responsable, pero, ¿qué procede en el caso de las entidades?</p><p class="ql-align-justify">“Los diputados, gobernador, y, en el caso de los municipios no existe el fuero aplicado en su totalidad, en qué sentido, ellos en cualquier momento lo pudiesen perder, siempre y cuándo, el delito que se esté imputando, amerite esa sanción”, dijo.</p><p class="ql-align-justify">De acuerdo al abogado Freddy May, en el caso de los municipios, solo el alcalde goza de esta protección parcial, el resto de los ediles, tienen los mismos derechos que la ciudadanía.</p><p class="ql-align-justify">“El alcalde, los regidores no gozan de ese privilegio, el alcalde en ciertos parámetros, puede disfrutar de ese privilegio, pero, también, de acuerdo a la constitución, ellos pueden ser procesados legalmente, o sea, el fuero no quiere decir que seas intocable”, subrayó.</p><p class="ql-align-justify">El jurisprudente anexó, todo funcionario es sujeto a ser llevado a un proceso judicial, siempre que se proceda adecuadamente, en el caso de trasgresiones de índole penal, recurrir al procedimiento para solicitar el desafuero y si la cámara de diputados lo determina, el imputado es despojado de la investidura y puesto a disposición de la autoridad pertinente.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Juan Ojeda</strong></p>