Cancún, Quintana Roo.- Las empresas que realicen llamadas comerciales no solicitadas podrían enfrentar multas de hasta 2.3 millones de pesos, como parte de las medidas para combatir el acoso telefónico y frenar la publicidad dirigida a usuarios sin su consentimiento.

Mayuli Martínez Simón, senadora del PAN por Quintana Roo, explicó que la iniciativa busca poner límites a las llamadas insistentes de bancos, compañías telefónicas y otros proveedores que ofrecen créditos, cambios de servicio y promociones que los consumidores no han solicitado.

La legisladora destacó la importancia de que los ciudadanos se registren en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), mecanismo que permite manifestar su negativa a recibir llamadas y mensajes publicitarios de empresas que realizan actividades comerciales.

Martínez Simón señaló que la propuesta fue aprobada por unanimidad en el Senado y precisó que las sanciones podrían alcanzar los 2 millones 300 mil pesos. No obstante, el monto dependerá del procedimiento administrativo y de la resolución de la autoridad correspondiente.