Cancún, Quintana Roo.- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, alertó sobre el creciente número de fraudes inmobiliarios cometidos a través de redes sociales, donde supuestos vendedores ofrecen terrenos a precios muy bajos, promociones engañosas y propiedades sin sustento legal, poniendo en riesgo el patrimonio de las familias quintanarroenses.

Torres Gómez explicó que continúan recibiéndose múltiples denuncias relacionadas con anuncios en internet que prometen lotes “a cinco minutos de la playa”, remates judiciales inexistentes o ventas de “carteras vencidas”, sin informar que los predios están lejos de la zona anunciada o que carecen de permisos, lotificación o incluso de la incorporación a la propiedad privada.

La funcionaria advirtió que estas prácticas violan la Ley de Fraccionamientos, el Código Penal del Estado y generan afectaciones ambientales y urbanas al intentar dividir o comercializar predios sin requisitos legales. Además, destacó que los defraudadores aprovechan la necesidad de las personas para ofrecer terrenos que aparentan ser una ganga.

Torres Gómez hizo un llamado urgente a la población para verificar cualquier operación antes de entregar dinero o firmar documentos, por lo que recomendó, consultar la página oficial de la Sedatús para verificar qué fraccionamientos cuentan con autorización, acudir a la Dirección de Desarrollo Urbano o Catastro del municipio correspondiente para confirmar que el fraccionamiento tiene permisos y lotificación aprobada y revisar en el Registro Público de la

Propiedad o en la Dirección de Notarías si la persona que vende es realmente propietaria del inmueble.

La secretaria advirtió que el delito de fraude prescribe en un año, lo que complica las denuncias cuando las víctimas descubren demasiado tarde que fueron engañadas. Sin embargo, aclaró que el plazo puede actualizarse al momento en que la persona conoce formalmente la irregularidad, por ejemplo, en el Registro Público.

Finalmente, confirmó que la gobernadora ya presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para modificar la prescripción del delito de fraude, con el fin de fortalecer el marco legal y evitar que los responsables evadan la justicia.

Joel Pool