Mauro Carmona Díaz de León, presidente de este organismo, señaló que la iniciativa es “pro autoridad” y contraria al principio de progresividad previsto en el artículo primero de la Constitución. Detalló que la preocupación se centra en tres puntos principales: la figura del interés legítimo, la suspensión del acto reclamado y el cumplimiento de las sentencias de amparo.

De acuerdo con los abogados, la reforma restringe la figura del interés legítimo al exigir que exista una “lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas”, lo que podría impedir que grupos vulnerables o colectivos promuevan amparos, afectando su acceso a la justicia.

Asimismo, advirtieron que la suspensión del acto reclamado, considerada la medida cautelar por excelencia, se debilitaría al facultar a los jueces para negarla con base en criterios de “interés social”.

Así mismo, Mario González Diego Gutiérrez, director de la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo, informó que el Colegio participó en las mesas de trabajo de la Cámara de Diputados, donde propusieron modificaciones a los artículos 128 y 138 para garantizar la protección efectiva de los ciudadanos frente a actos como órdenes de aprehensión o detenciones arbitrarias.

En materia ambiental, los abogados advirtieron que la reforma también pondría en riesgo los amparos colectivos y el derecho a un medio ambiente sano. Recordaron el caso Tajamar, en Cancún, donde la justicia federal protegió el derecho ambiental por encima de intereses económicos.

La Barra de Abogados reiteró que defenderá el principio de progresividad de los derechos humanos y exhortó al Congreso a escuchar las opiniones técnicas de las organizaciones jurídicas. “El amparo debe seguir siendo un instrumento de defensa ciudadana, no una herramienta sujeta al control de las autoridades”, subrayaron.

Joel Pool