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PLATAFORMA DE DEUDORES ALIMENTARIOS ENFRENTA REZAGOS
Cancún, Quintana Roo.- Aunque la ley ya contempla mecanismos para visibilizar y sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, el Registro de Deudores Alimentarios en Quintana Roo enfrenta actualmente un rezago y duplicidad de plataformas que impide una adecuada operación del sistema.
María Guadalupe Chan Flores, consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, explicó que existe un desfase entre la plataforma estatal administrada por el Registro Civil en Chetumal y la plataforma nacional controlada por el Sistema DIF Nacional.
Según datos del Poder Judicial, actualmente no hay ni 20 personas registradas en la plataforma nacional y apenas 80 en el padrón estatal, cifras que resultan bajas si se consideran los numerosos casos que circulan en redes sociales denunciando incumplimientos de pensión alimenticia.
La funcionaria subrayó que estas cifras no reflejan la realidad, en parte porque muchos procesos no se impulsan correctamente o los padres incumplidos no son localizados.
Aunado a ello, el proceso inicia con una resolución del juez que declara al padre o madre como deudor alimentario. Esta información se turna al Registro Civil, quien a su vez notifica al Registro Público de la Propiedad para verificar si la persona tiene bienes. Si se confirma, se realiza una anotación legal en el folio correspondiente. Todo este proceso también debería reflejarse en la plataforma nacional, algo que no está ocurriendo adecuadamente.
Además del cumplimiento económico, figurar en el Registro de Deudores Alimentarios tiene consecuencias legales: una persona inscrita no puede acceder a cargos públicos ni trámites gubernamentales importantes.
No obstante, una vez que se cumple con la pensión, el juez es el único que puede ordenar la baja de la plataforma, lo que garantiza que no se vulneren derechos injustificadamente.
Finalmente, la consejera hizo un llamado a acudir a las instancias legales correspondientes y no “litigar en redes sociales”, pues ello no tiene efectos jurídicos ni resuelve los problemas de fondo.
Joel Pool